No hemos parado de oír estos días un montón de información sobre la imputación de un miembro de la Familia Real Española; en este caso concreto de la hija menor de los Reyes, la Infanta Doña Cristina.En un primer momento, se dió la noticia con una mezcla de sorpresa y esperanza, también con algo de expectación; quizás con recelo.
Después, cuando el señor fiscal se decidió a recurrir la decisión del Juez Castro al no encontrar motivos para la imputación de tan distinguida señora, el semblante se volvió serio, irónico, o como algo que quizás se esperaba.En base al artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación es una vieja aspiración del ser humano que fue recogida con entusiasmo por el movimiento constitucional del siglo XVIII; sí ya desde el siglo XVIII existían estas motivaciones.¿Qué imagen se está dando de la Justicia de este país? ¿Qué contestarles a las personas de a pie, cuando ni siquiera nosotras, metidas en este mundo, entendemos?¿Acaso ahora los fiscales trabajan para los acusados? Esa es la imagen que se proyecta.Creemos que es una vergüenza este vasallaje, señor Honrad, obstaculizar así el trabajo de un juez que apuesta por la independencia del poder judicial, por resolver este asunto, por llegar al fondo de todo.Castro ha esperado a tenerlo todo encima de la mesa para imputar a la Infanta, habiendo rechazado hacerlo casi un año atrás, creemos que para evitar esto que ha sucedido ahora.Atendiéndonos a los procedimientos de la Infanta, esta debe ir en calidad de imputada, como cooperadora necesaria de todo, cuando su figura es indispensable para conseguir muchos de los acuerdos de la famosa Noós, existiendo su firma en las operaciones contables; ¿acaso se ha olvidado ella de la llamada responsabilidad societaria? Habiendo estudiado empresariales, no es algo que sea factible.La fiscalía anticorrupción dependiente del gobierno debe velar por los intereses de los ciudadanos.Es entendible, viendo todos estos ejemplos que cada día llenan nuestros periódicos cual plaga, la sospecha generalizada de que la justicia se utiliza de forma discriminatoria, y eso como juristas nos duele profundamente.¿Se imaginan a un fiscal ejerciendo las funciones de abogado defensor de cualquiera de ustedes en el desafortunado caso de que alguna vez se vieran ante los tribunales? Nosotras no.La cruel realidad es que previsiblemente cualquier otra persona que no obstentase el apellido Borbón o el sobrenombre de "Infanta de..." hubiera sido imputado desde el primero momento.¿Existe una justicia de primera y otra de segunda en función de un apellido o de una clase social? Nuestro jurista interior más puro se niega a creerlo, en cambio, nuestro ciudadano de a pie, lo está viendo cada día.
Alex y Eleanor Rigby.
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